FAMILIA

¿INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CÓNYUGE NO CUSTODIO DEL RÉGIMEN DE VIVITAS ESTABLECIDO EN SENTENCIA.

Este derecho-deber, si se incumple de forma injustificada, sobre todo con respecto a menores de 12 años, puede llevar a la otra parte a reclamar su limitación o suspensión. Está tipificado como falta penal castigado como multa, en nuestro ordenamiento penal, artículos 618.2 y 622 del CP.

¿PUEDE SOLICITARSE LA SUSPENSIÓN DE VISITAS POR VÍA DEL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO CIVIL AL NEGARSE LA HIJA A RELACIONARSE CON EL PADRE?.

No. Después de fijarse el régimen de visitas, salvo que se trate de un supuesto urgente en el que puedan causarse graves perjuicios al menor, la suspensión, o en su caso, reducción del régimen de visitas deben resolverse por vía del proceso de modificación de medidas que implica tener en consideración el principio de contradicción, y un amplio derecho de defensa y de audiencia en favor de la parte demandada, así como la posibilidad de practicar pruebas de toda clase, incluyendo la pericial psicológica y la audiencia de la menor, lo que no es propio del procedimiento de solicitud de medidas urgentes previsto en el artículo 158 del Código Civil.

¿QUÉ MODALIDADES PUEDE ADOPTAR LA FIGURA DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE UN MENOR?

Atendiendo a su finalidad y según establece el artículo 173 bis del Código Civil el acogimiento familiar puede ser:

Acogimiento familiar simple, que tendrá carácter transitorio, bien porque de la situación del menor se prevea la reinserción de éste en su propia familia bien en tanto se adopte una medida de protección que revista un carácter más estable.

Acogimiento familiar permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo aconsejen y así lo informen los servicios de atención al menor. En tal supuesto, la entidad pública podrá solicitar del Juez que atribuya a los acogedores aquellas facultades de la tutela que faciliten el desempeño de sus responsabilidades, atendiendo en todo caso al interés superior del menor.

Acogimiento familiar preadoptivo que se formalizará por la entidad pública cuando ésta eleve la propuesta de adopción del menor, informada por los servicios de atención al menor, ante la autoridad judicial, siempre que los acogedores reúnan los requisitos necesarios para adoptar, hayan sido seleccionados y hayan prestado ante la entidad pública su consentimiento a la adopción, y se encuentre el menor en situación jurídica adecuada para su adopción.

La adopción pública podrá formalizar, asimismo, un acogimiento familiar preadoptivo cuando considere, con anterioridad a la presentación de la propuesta de adopción, que fuera necesario establecer un período de adaptación del menor a la familia. Este período será lo más breve posible y, en todo caso, no podrá exceder del plazo de un año.

¿TOENE DERECHO EN ALGÚN CASO A PENSIÓN DE VIUDEDAD EL CÓNYUGE SEPARADO O DIVORCIADO QUE NO RECIBE PESIÓN COMPENSATORIA?

La Ley 40/2007 introdujo una modificación en el artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social en virtud de la cual, en los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad correspondía a quien hubiera sido cónyuge legítimo (siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias), aunque se condicionaba el derecho a pensión de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente a la percepción de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil.

Se entendía, por tanto, que si el ex cónyuge supérstite no tenía derecho a pensión compensatoria en el momento del fallecimiento, tampoco tenía derecho a pensión de viudedad. Sin embargo, en los últimos tiempos, se han dictado algunas sentencias que equiparan figuras como el «auxilio económico» o los «alimentos en favor de familiares» a la pensión compensatoria, este es el caso de la STSJ de Extremadura 474/2010, de 21 de septiembre o la STSJ de Asturias 921/2011, de 1 de abril.

Posteriormente, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010 estableció algunas excepciones a la regla general: tendrían derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio o cuando entre la fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la pensión de viudedad hubieran transcurrido menos de diez años, siempre que el matrimonio hubiera tenido una duración mínima de diez años, y además concurriera en el beneficiario alguna de las condiciones siguientes:

a) La existencia de hijos comunes del matrimonio o

b) Que fuera mayor de 50 años en la fecha del fallecimiento del causante de la pensión.

Con la reforma de la pensiones que acaba de aprobarse por la Ley 27/2011, de 1 de agosto, a partir de 1 de enero de 2013 se amplía el ámbito de la protección y se reconoce el derecho a la pensión de viudedad a aquellas personas que no reuniendo los requisitos señalados anteriormente, tengan 65 o más años, el matrimonio con el causante haya durando al menos 15 años y no tengan derecho a otra pensión pública.

¿QUÉ PERSONAS ESTÁN LEGITIMADAS EN LOS PROCESOS DE INCAPACITACIÓN Y DE DECLARACIÓN DE PRODIGALIDAD?

Según establece el artículo 757 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, la declaración de incapacidad pueden promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes o los hermanos del presunto incapaz.

Asimismo el Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas anteriormente no existieran o no la hubieran solicitado.

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

Por último la declaración de prodigalidad sólo podrá ser instada por el cónyuge, los descendientes o ascendientes que perciban alimentos del presunto pródigo o se encuentren en situación de reclamárselos y los representantes legales de cualquiera de ellos. Si no la pidieren los representantes legales, lo hará el Ministerio Fiscal.

PAUTAS LEGALES PARA DETERMINAR LA CONSORCIALIDAD DE LOS ARRIENDOS SUSCRITOS INDIVIDUALMENTE.

Todo arriendo de una vivienda familiar, realizado constante el matrimonio, es consorcial si el régimen económico matrimonial es de gananciales, o común, si es de separación, salvo pacto en contrario consentido por el otro cónyuge.

Los artículos 1346,4 y 1347.4 del Código Civil abogan que serán privativos o gananciales, los bienes adquiridos como consecuencia de un derecho de retracto privativo o ganancial. Y así, el artículo 38,6 de la Compilación Aragonesa dice que son bienes privativos de cada cónyuge «los adquiridos por el ejercicio del derecho de retracto excepto el arrendaticio de viviendas» que se estima común.

Los artículos 1362 y 1365 del CC señalan que, salvo pacto expreso en contrario, el pago del alquiler de la vivienda familiar, es una carga común. Estos artículos hay que relacionarlos con el artículo 1319 del mismo texto legal, que dice «cualquiera de los cónyuges puede realizar los actos encaminados a atender las necesidades ordinarias de la familia», entre las que lógicamente se encuentra, el arrendar la vivienda familiar.

Si el pago de la renta del alquiler de la vivienda familiar es un cargo del consorcio matrimonial, el principio «ubi emolumentum ibi onus» hace considerar que también será la sociedad conyugal la titular del derecho a la posesión arrendaticia en que se concreta el lado activo de toda relación de inquilinato, tal como argumentó la STS de 20 de enero de 1997, sobre el arriendo de un local de negocio.

Por último, los artículos 1347,3 y 1361 del CC consideran comunes los derechos adquiridos a costa del caudal común para la comunidad.

¿QUÉ SON LOS LEGADOS?.

Los legados sirven para dejar algo en concreto a alguien en particular.

Cuando una persona muere sin haber dejado testamento, sus bienes pasarán a sus herederos legales, pero quien hizo testamento, pudo establecer un reparto más afinado y acorde a sus deseos, distinguiendo a personas con las que no tenía parentesco o jurídicas. El testador puede decidir que sus bienes se transmitan a título de «herencia» o a título de «legado». Y como legado pueden dejarse muebles, derechos, asignaciones periódicas destinadas a un fin concreto, pensiones de alimentos, bienes que deban comprarse con cargo a la herencia, dinero o activos financieros, etc…

Una de las principales diferencias entre una herencia y un legado recae sobre las deudas. Una herencia cuando se acepta, se hace con las obligaciones que pesen sobre ella, pero los legados son como pedazos que se extraen de la herencia para puro beneficio del legatario y que no responden de las deudas que pesen sobre ellos, a menos que el testador así lo haya especificado.

Los legados no pueden vulnerar otros derechos, por eso el legatario no puede cobrar su legado hasta que se pague a los acreedores. En el caso excepcional de que el testador decida repartir toda su herencia en legados, los legatarios responderán de la deudas en proporción a lo que hayan percibido, para que los acreedores no sean burlados. Si hay herederos forzosos, los legados no pueden menoscabar sus respectivas legítimas.

Los legados son útiles para distinguir a alguien con algo concreto, pero no son el instrumento ideal para repartir toda la herencia. El patrimonio de una persona normalmente se compone de: una casa, una cuenta bancaria, y de múltiples efectos personales que difícilmente podría mencionar sin excepción al confeccionarse un testamento. Además, una persona puede aumentar o disminuir su patrimonio después de testar, y si distribuye toda su herencia en legados y no actualiza puntualmente el testamento, cuando muera habrá que proceder como si no hubiera testado para todos los bienes que el documento recoja. Además, si han crecido el número de herederos forzosos respecto al reparto de legados que figuraban en el viejo testamento, no podrá llevarse a cabo ese reparto por no respetar los derechos de los últimos en llegar. Una alternativa mejor, si se tiene claro qué se quiere dejar ciertas cosas a ciertas personas, es designarlas como herederas en el testamento y ordenar que en la futura partición de la herencia se les adjudiquen los bienes en cuestión. Por otro lado, el hecho de legar un bien ni impide al testador usarlo a su antojo mientras viva o incluso, venderlo. Si fuese así, el legado caducaría. Si se desea que el legatario se lleve un fiasco, puede disponer en el testamento que reciba cierta cantidad de dinero con cargo a la herencia, en caso de que el bien que le estaba destinado haya desaparecido.

Si se quiere dejar un legado, sólo se podrá hacer por medio de testamento.

Si se deja un reglado, en especial un bien mueble, es aconsejable avisar al legatario o designar un albacea, para que así se vigile el cumplimiento de esa disposición concreta.

Los seguros de vida pueden ser una buena forma de beneficiar a alguien, sea pariente o no, y lo recibido cuenta con un buen trato fiscal para el beneficiario.

Si muere alguien allegado suyo y cree que puede haberle asignado un legado, lleve un certificado de defunción al registro de últimos voluntades y sabrá qué notario formalizó el testamento, para confirmarle si figura en él o no.

Si se recibe un legado y no se tiene intención de renunciar a él, debería pedir su entrega y posesión a os herederos o, si lo hay, al albacea. Hay que recordar que se deberá pagar el Impuesto de Sucesiones, lo mismo que los herederos.