Fue el dato registrado respecto al 2014, según el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

El mayor número de demandas se dio en Canarias y la menor, fue Castilla y León.

Los procedimiento de modificación de medidas consensuadas se incrementaron un 7,6% en el 2015, respecto al 2014. Las no consensuadas aumentaron un 3,2%.