A falta de escrituras, bodas. Tras el derrumbe de una de las tareas que les daba más trabajo, las compraventas inmobiliarias, los notarios han logrado que prospere su oferta de oficiar matrimonios y divorcios. Tras el pinchazo del ladrillo, estos profesionales que acceden a su función de por vida tras duras oposiciones —y cuyos ingresos han caído hasta el 70% en algunos casos— quieren asumir el nuevo cometido en su calidad de fedatarios públicos. De las escrituras a los contratos matrimoniales. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, les ha dado el plácet inicial no solo a que casen, sino también a que divorcien a las parejas que rompen por mutuo acuerdo —el 67,4%—.
La iniciativa, que pretende aliviar la carga de trabajo de los jueces y está aún por concretar, ha provocado amplias críticas: denuncian “la privatización” de estas tareas ahora en manos de representantes públicos y cuyo desempeño por los jueces sale gratis a los ciudadanos. También arremeten contra la desigualdad que podría abonar: quien pueda pagar un notario se garantizaría los trámites más rápidos. Otro elemento polémico es el divorcio pactado ante notario, sobre todo cuando hay hijos. Esta es la cuestión de encaje más difícil, según los expertos.
¿Qué ventajas tendría la boda ante notario? Para ellos están claras: “Se abre el abanico de opciones para el ciudadano. Las notarías estaremos a la altura. No excluimos desplazarnos para celebrar un matrimonio. También puede haber notarios que habiliten una zona de su oficina para ello. E incluso se podría instalar una sala para bodas en los colegios notariales”, dice con satisfacción Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado. Ceremonias con encanto, vaya. Rápidas y con libertad de elección: “Somos 3.000, repartidos por toda España. Estamos acostumbrados a prestar un servicio eficaz y rápido. Esto puede contribuir a disminuir los plazos y no va a significar un incremento sustancial”, dice Pardiñas. Confía en “el buen criterio del Gobierno” para fijar las tarifas. “Serán irrelevantes respecto al monto total de lo que se gasta en una boda; nadie dejará de casarse por la minuta del notario. Ni de divorciarse”, dice. Por si sirve de pista: los aranceles de los notarios —fijados en 1998— arrancan de los 15 euros por los poderes para pleitos.
Frente a las bodas en los notarios, las que se celebran en los ayuntamientos pueden ser gratis —como en el madrileño Getafe— o costar un buen pico, sobre todo si los contrayentes son forasteros —muchos consistorios les cobran un recargo, por ejemplo Palma pide 400 euros a los foráneos por casarse en el castillo de Bellver, y 150 a los locales—. Las tarifas también pueden variar en función del escenario: el Consistorio de Málaga cobra hasta 111 euros por la boda en el Salón de los Espejos, pero la tarifa queda en 53, si el enlace es en viernes y en la alcaldía. En cualquier caso, para casarse en el Ayuntamiento, es preceptivo pasar antes por el Registro Civil. En el juzgado es gratis tanto casarse como divorciarse.
Pero mientras en las bodas la polémica reside en la cuestión económica y la desigualdad que puede provocar —alertan de ello tanto Jueces por la Democracia como los secretarios judiciales o el Colegio de Abogados de Barcelona—, en el caso de divorcios el trasfondo es más complicado. Aunque sea por consenso. La propuesta de que los notarios disuelvan el matrimonio por mutuo acuerdo elimina la tutela judicial y por tanto el control de los casos por jueces o fiscales. Algo que, cuando hay hijos de por medio, puede ser, cuando menos, conflictivo. Ahora, el Ministerio Fiscal revisa todos los acuerdos de divorcio con hijos menores para garantizar que lo pactado por los padres respeta el interés de los niños. Así se evitan casos como el de la pareja que había acordado que su hijo debía pasar tres días a la semana con cada uno y el séptimo en casa de sus abuelos. U otros en los que uno de los dos progenitores quedaba fuera totalmente de las visitas y la contribución. “La figura del fiscal no puede desaparecer. Es un elemento de control fundamental”, sostiene la profesora titular de Derecho Civil de la UNED Patricia López Peláez.
En Justicia sostienen, sin embargo, que el notario puede garantizar que prevalezcan los derechos del niño. “Estamos acostumbrados a ponderar y tutelar el interés de menores y personas en situaciones delicadas. Y desde luego no tendríamos inconveniente en que la ley previera la intervención del fiscal en determinados supuestos”, argumenta el presidente de los notarios.
A este punto se añaden otros muchos de carácter práctico aún en el aire. “Si la ley dice que se modere el acuerdo ante notario en vez de ante un juez, ¿se homologará luego judicialmente?”, se pregunta Susana Moya, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia, que considera “descabellada” la medida. “¿Cómo se hace después si uno de los dos incumple los términos del divorcio? Porque son esos los asuntos que llenan los juzgados”, apunta esta profesional.
Y ese recorrido tras la firma también preocupa a López Peláez, que se muestra muy escéptica con el alivio que supondrá realmente para los jueces la actuación de los notarios. “Son soluciones muy imaginativas que no abordan lo que realmente se necesita, como dotar a la Administración de Justicia de un buen sistema informático e interconectar los juzgados; lo que sí ahorraría tiempo y dinero”, dice.
La novedad se estrella con el silencio de la Iglesia y con la crítica del Foro Español de la Familia. La Conferencia Episcopal calla —“hasta que haya un texto”— sobre la iniciativa del ministro de Justicia, que permitiría agilizar los divorcios por mutuo acuerdo y ofrecería una alternativa más a los matrimonios civiles, en auge frente a las declinantes uniones por la Iglesia católica. Las bodas católicas, antaño mayoritarias, son solo el 41,8% de las que se celebran entre personas de distinto sexo —167.247 en 2010—. El matrimonio como sacramento vive horas bajas.
A Benigno Blanco, presidente de la organización conservadora Foro Español de la Familia, le preocupa la iniciativa. “Contribuye a banalizar tanto la institución del matrimonio como su disolución; y lo que el Gobierno debería hacer no es esto, sino reforzarlo”, afirma. “El matrimonio es mucho más que un contrato, tiene un carácter institucional y público y hay una implicación del Estado a través de una autoridad; los notarios hacen manifestaciones privadas”, sostiene. “Si lo propuesto se plantea para agilizar, ya puestos ¿por qué no casarnos por Internet?”, ironiza Blanco.
Aunque el PP se presenta como gran defensor de la familia —criticó la reforma que permitió agilizar las rupturas al eliminar el requisito de la separación previa—, ahora propone nuevas vías para desatascar las disoluciones matrimoniales. “Parece una incoherencia que quienes se opusieron al divorcio exprés ahora apuesten por lo que podría ser un divorcio AVE”, plantea Gerardo Meil, catedrático de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. “De todas formas, esa vía rápida se ajusta a la realidad social”, añade.
Una realidad social que se viste de secularización. De ahí, en gran parte, el declive de los matrimonios. Bajan año tras año y en 2007 se perdió la cota de los 200.000 anuales. Las bodas civiles ya superan a las religiosas (fueron el 57,6% de las oficiadas en 2010). En paralelo, cobran auge las uniones de hecho. Botón de muestra de los nuevos tiempos son los nacimientos extramatrimoniales: ya son algo más de uno de cada tres recién nacidos.
“El divorcio ante notario le quitaría dramatismo a la ruptura matrimonial al menos desde el punto de vista simbólico”, apunta Meil, experto en familia. Desaparecería la “connotación negativa” de tener que acudir a los tribunales. Pero la ventaja notarial en las rupturas se torna en inconveniente para las bodas. “Casarse ante notario quitaría solemnidad y singularidad a un acto tan ritualizado como este. No tiene ningún glamour casarse en un despacho de firmas”, añade. Pero mientras las bodas caen, los divorcios suben, pese a un bache inicial en los primeros años de la crisis. Y los notarios aspiran a casar y descasar. Las uniones y las rupturas son un sector más seguro que el ladrillo en los tiempos que corren.